Fotografía del Titanic
Ahora bien ¿que ocurre cuando se mejora la normativa?
En Japón, hace muchos años cuando cambiaron la normativa sísmica, el estado decidió derribar algunas de sus construcciones que dado que se construyeron antes de que se modificase la normativa, se asumía que no estarían cumpliendo con la nueva normativa más exigente. Bueno, soluciones como esa sólo podrían verse en paises económicamente muy fuertes o por alguna decisión política que considere que el costo de la seguridad es superior al costo económico involucrado.
Y en nuestro país, ¿Que ocurre cuando la normativa cambia y se vuelve más exigente?
En algunas ocasiones, la menos, estos cambios pueden ser retroactivos, sin embargo en la mayoría de los casos estos cambios se vuelven exigibles sólo cuando se va a realizar algo nuevo o una modificación que se quiera legalizar. Es aquí donde comienzan varios problemas.
A modo de ejemplo, consideremos las comunidades de desagüe o las casas construidas sobre suelos que hoy son considerados inestables. En ambas situaciones las construcciones se hicieron bajo las normativas existentes (como el Titanic), sin embargo, producto de deficiencias posteriores detectadas obligan a repensar las normas y adecuarlas a este nuevo conocimiento de la realidad.
Esta situación parece normal y adecuada para los ingenieros, no así para los legisladores y legalistas.
Es obvio que la normativa se debe modificar, sin embargo ¿por que existe oposición a ello?
Consideremos que una vivienda entregada por el estado que fue construido sobre un suelo que hoy es considerado deficitario pero no así en la época en que se construyó, Supongamos además que hay una filtración de agua que debilita este suelo y esta vivienda se rompe.
El dueño de la vivienda indicaría que es el estado el responsable puesto que fué este quien construyó la vivienda sobre suelos que hoy son considerados inapropiados, es decir la empresa dueña del Titanic le podría hechar la culpa a las normativas de la falla que hundió el barco.
Es decir, si cambio la normativa, el estado estaría reconociendo que la normativa anterior no era la apropiada y pudiese por ello dar pié a a una avalancha de demandas colectivas de quienes se consideran afectados.
A mi modo de ver (no soy abogado), si el estado no está dispuesto a asumir estos costos como lo han hecho algunos estados con muchos recursos, por lo menos debería dar las facilidades para que los propios usuarios que se sientan afectados puedan acceder a mejorar su situación y dejar así sus viviendas conforme a las normas vigentes.
¿Que pasaría si las normas cambian o mejoran muy seguido?
o bien si por miedo a lo que puedan significar estos cambios legales el estado prerfiere no modificar las normativas por largos períodos.
De todas formas generalmente en nuestras leyes, el peso de la ley cae generalmente cae sobre el proyectista quien a su vez como sucedió en el edificio de Alto río, no tendrá los recursos necesarios para costear las demandas millonarias a las que se ve expuesto.
Demás está decir que en las sociedades desarrolladas, las normativas son constantemente actualizadas.